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Sanción definitiva a la adhesión del consenso fiscal

El vicegobernador de la provincia, Adán Humberto Bahl, presidió hoy la última sesión de prórroga del año 2017 donde el Senado entrerriano le dio sanción definitiva al proyecto de ley que aprueba el Consenso Fiscal suscripto en noviembre pasado entre el Estado Nacional, Entre Ríos y otras 22 provincias.  

Miercoles 27 de Diciembre de 2017 | 11:12
El legislador Ángel Giano,dio detalles de la iniciativa, destacando los alcances generales del texto. De acuerdo a los fundamentos originales tiene como objetivo establecer un régimen "federal y coordinado de finanzas públicas, eliminar situaciones tributarias distorsivas, promover el crecimiento de las inversiones y de la economía real en su conjunto".

Con la adhesión se avanza hacia un régimen coordinado de "potestades tributarias entre las distintas jurisdicciones"; sienta las bases para garantizar un sistema más integrado, equitativo y solidario de afectaciones específicas de recursos; y comienza un camino hacia un nuevo sistema federal de redistribución de lo recaudado en virtud de los tributos coparticipables.

Se afirma desde el Poder Ejecutivo que se emprende "un proceso histórico que se pretende culmine con la sanción de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, restituyendo a las Provincias recursos genuinos que le son propios".


Régimen Tributario
En el mismo texto legislativo se incluyeron cambios al régimen tributario provincial. Se presenta un esquema que plantea una baja gradual y responsable de la presión tributaria, proponiendo premiar la buena conducta tributaria de algunos sectores micro, pequeños y medianos.
Se adopta un modelo de progresividad fiscal desde la búsqueda de armonización con las otras provincias integrantes de la Región Centro, mejorando con ello las posibilidades de competencia.


Ley 4035
En relación a los cambios propuestos para le ley 4035, se indica, en un capítulo denominado Disposiciones Transitorias que "los fondos existentes a la fecha o a ingresar en el marco de la Ley 4035, sus complementarias y modificatorias, se destinaran a prestar asistencia social conforme lo establecido en el Artículo 1º de la Ley 4035 y sus complementarias y modificatorias y/o a Programas o Planes Sociales existentes o que se instituyan en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social u organismo que en el futuro lo reemplace, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar la forma y plazos para cumplimentar lo dispuesto en el presente artículo".


Desde Cambiemos
El senador Raymundo Kisser recordó que desde la década del 90 no se asistía a la firma de un documento de este tipo entre Nación y Provincias referido a temas de coparticipación.
"Si bien no es específico de una nueva ley de coparticipación, de este se desprende el compromiso de alcanzarla en el menor tiempo posible", opinó, al tiempo que destacó que sea definido como un "consenso fiscal".

Consideró que "este consenso se logra de manera inédita, por la heterogeneidad de quienes lo suscribieron" y arriesgó que se trata de ir "encontrando el rumbo entre los argentinos".
Puso de relieve "las señales del gobierno nacional para llegar a este acuerdo" y mencionó algunas acciones como fue la devolución del 15 por ciento de coparticipación, en forma escalonada, que era retenido para sostener la ANSES.

Reiteró las posiciones públicas del gobernador Bordet, quien sostuvo que "por primera vez la provincia no está resignando recursos". Reconoció que había un poco de temor en las gestiones, sobre todo por la actitud de la provincia de Buenos Aires y trajo a colación los dichos del Bloque de Cambiemos en relación a las pretensiones de María Eugenia Vidal.


En contra del Consenso Fiscal
También se refirió al proyecto el senador Pablo Canali, del departamento Colón, quien dijo que "no es tan cómodo votar este proyecto", agregando qué, asumiendo su responsabilidad y representación, se debe opinar sobra la normativa propuesta.

"Los municipios en esto son convidados de piedra, los nombran, pero ninguno fue consultado en ningún momento", sumando que el gobernador actuó con responsabilidad al firmar el consenso.
Lanzó que "esto es más de lo mismo si uno compara los contenidos de este consenso con los pactos anteriores" y puso énfasis en "la idea de dejar de lado reclamos judiciales", puntualizando que desde su punto de vista hubo una parte que tuvo más poder que la otra a la hora de negociar.

Opinó que "esta discusión se da en la provincia que es la meca del federalismo de nuestro país" y criticó que "aprobar estos consensos sin discutir la cuestión de fondo, que es la coparticipación federal, no es un buen ejemplo".

Canali fue muy crítico de las consecuencias negativas que tendrá la reforma impositiva en su departamento, que impactará sobre la industria avícola. Sumando argumentos dijo que "por muchas razones tengo que expresar mi absoluto rechazo a este consenso fiscal", al tiempo que reclamó diálogo, porque se firman documentos, pero no se discute absolutamente nada y esto es "culpa de todos". Observó que serán muy perjudicados los municipios.


Otra postura, la de Larrarte
Por su parte Larrarte dijo que "el consenso es un todo, se lo vota o no se lo vota y cada uno sabrá sopesar las piezas de ese pacto para decidir que hacer al momento de votar".

El Senador de San Salvador también hizo su lectura de cómo se llegó a la suscripción del documento que es anexo a este proyecto de ley. Hizo eje en la historia de la coparticipación federal, desde 1988, puntualizando que en aquél entonces el 57 iba para la Nación y el resto a las provincias.
Esto fue cambiando y siempre fueron cediendo las provincias, llegando a la situación de ahogo que motivó a algunas provincias para litigar contra el Estado Nacional.

Fustigó cómo se llegó a la convocatoria a los gobernadores, después de haberse reunido la gobernadora Vidal con el titular de la Corte Suprema de Justicia.

Además, observó que el Estado Nacional ha duplicado su déficit fiscal en dos años y dijo no estar de acuerdo con el denominado plan económico del gobierno nacional. "Se obliga a muchos a sacrificarse y me pregunto si todo esto realmente vale la pena, pero me pregunto si en dos años estaremos mejor o peor. Se me aparecen muchas dudas", fustigó.

Dijo que "es insostenible la política de LEBACS del gobierno nacional, que son miles de millones emitidas y se pagarán 26000 millones de dólares de interés, una friolera que supera en mucho el presupuesto de nuestra provincia y se nos ha endeudado en otros miles de millones de dólares. Cómo y cuando vamos a pagar todo esto", resaltó.
Pidió que el Estado nacional haga lo que le pide a las provincias que hagan.


La posición de Bonato

El Senador de Uruguay afirmó que "el látigo de la chequera está constante", en relación a la actitud del gobierno nacional. "Vamos a votar defendiendo a nuestro gobernador, pero cuando esto se firmó, no se había dicho que se le iban a cortar fondos a los jubilados", sumó Bonato.

Rechazó algunos dichos de Kisser y dijo que "se trata de sacarle plata a los más débiles para beneficiar al gobierno nacional" y les dijo que "ustedes son la escribanía del gobierno nacional, no piensan y votan lo que les ordena Frigerio o el gobierno nacional". Le recriminó a Kisser la actitud que tuvo en relación a las ART.

"Vamos a acompañar a nuestro gobernador, pero lo de Ustedes es lamentable y todo es parte del plan de gobierno nacional que ajusta sobre los más débiles. Este no es un problema de Bordet, es un problema del desastre al que nos está llevando Mauricio Macri", concluyó.


Otras opiniones
Ante el debate tomó la palabra el senador de Nogoyá, Beltrán Lora, quien dijo que el Federalismo no se declama, se ejerce y defendió el accionar del gobierno nacional. Y sostuvo sus dichos a favor de diferenciar la denominación de este consenso, en relación a los pactos de los años 90. Afirmó que "el 82 por ciento móvil de nuestros jubilados sigue garantizado" y dijo que la administración anterior no aportó para salvar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Por su parte, el senador Blanco dijo que se debe destacar la eliminación de impuestos en beneficio de los jubilados que cobran haberes mínimos.

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