COPARTICIPACIÓN Y DEUDA
Nación otorga anticipos y compromete las finanzas de Entre Ríos
El Gobierno habilitó anticipos financieros para doce gobernadores, entre ellos Frigerio, y ajustó la tasa de interés que aplica a Entre Ríos. La medida obliga a devolver fondos con un interés del 15 % y reduce la coparticipación que reciben las provincias.
06.04.2026 | 11:20
El Gobierno nacional otorgó anticipos financieros a doce provincias mediante el Decreto 219/2026 y ajustó la tasa de interés del anticipo que cobra a Entre Ríos. La medida se publicó el 6 de abril en el Boletín Oficial y firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
La normativa fija que las jurisdicciones deben devolver dentro del ejercicio fiscal 2026 los anticipos de hasta $400 000 millones, con una tasa de interés nominal anual del 15 %. La devolución se hace mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal de impuestos de cada provincia.
Entre Ríos ya había recibido un anticipo en diciembre de 2025 y ahora la tasa que debe pagar se iguala a la del resto de las provincias, lo que puede encarecer su financiamiento. La medida convierte en deuda los recursos que deberían ser coparticipación directa, trasladando presión financiera a las administraciones provinciales.
Esta asistencia se presenta como un alivio transitorio para cubrir gastos y deudas, pero obliga a las provincias a comprometer recursos futuros que ya les corresponden. El mecanismo reduce la autonomía financiera de cada distrito y puede generar tensiones presupuestarias en lugar de ofrecer una ayuda clara y directa.
La normativa fija que las jurisdicciones deben devolver dentro del ejercicio fiscal 2026 los anticipos de hasta $400 000 millones, con una tasa de interés nominal anual del 15 %. La devolución se hace mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación federal de impuestos de cada provincia.
Entre Ríos ya había recibido un anticipo en diciembre de 2025 y ahora la tasa que debe pagar se iguala a la del resto de las provincias, lo que puede encarecer su financiamiento. La medida convierte en deuda los recursos que deberían ser coparticipación directa, trasladando presión financiera a las administraciones provinciales.
Esta asistencia se presenta como un alivio transitorio para cubrir gastos y deudas, pero obliga a las provincias a comprometer recursos futuros que ya les corresponden. El mecanismo reduce la autonomía financiera de cada distrito y puede generar tensiones presupuestarias en lugar de ofrecer una ayuda clara y directa.
