El Senado debate el control sobre el patrimonio provincial

Además de la discusión por el Iosper, otro debate de fondo avanza en paralelo: el proyecto de ley que crea la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles provincial (Aabiper), una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya obtuvo media sanción en Diputados –donde tuvo el rechazo de diputados libertarios y peronistas, pero el oficialismo tiene mayoría– y que hoy será tratada nuevamente por la Comisión de Legislación General del Senado, recinto que domina el peronismo.

Si se aprueba, la norma otorgará al Ejecutivo un control sin precedentes sobre el patrimonio inmobiliario estatal.
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Una estructura nueva

La propuesta contempla la fusión de dos dependencias: la unidad de control de inmuebles (UCI), que opera dentro de la Fiscalía de Estado, y la dirección de tierras fiscales.

La nueva agencia dependerá de la Secretaría General de la Gobernación y tendrá autarquía económico-financiera. Su objetivo principal será el de centralizar la administración y control de los bienes inmuebles del Estado provincial, hoy dispersos en distintos organismos.

“La agencia busca centralizar la política de bienes inmuebles, hoy hay varios organismos que intervienen y la idea es concentrarlo en un solo ente que tenga esas facultades”, explicó durante el debate el director de la UCI, Martín Rettore.

El texto de la normativa establece que la Aabiper podrá relevar, administrar, ceder, alquilar, vender o subastar aquellos bienes que no tengan una afectación específica o que, aún teniéndola, estén ociosos o resulten inadecuados para su uso actual.

En Entre Ríos existen propiedades sin destino claro. Por ejemplo, colonias transferidas al Estado como la de Colonia Alvear, donaciones sin uso asignado y numerosas herencias vacantes, sobre todo en el interior.

La Aabiper buscará ordenar ese universo difuso, evitar ocupaciones irregulares y reducir el gasto en alquileres estatales innecesarios, al reutilizar inmuebles que ya pertenecen al Estado.

Pero además, la iniciativa con media sanción le habilita a este nuevo organismo otras decisiones.
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Herencias y expropiaciones

En su artículo 5, la norma le da la posibilidad al organismo de elaborar y hasta ejecutar proyectos de desarrollo urbanístico, económico, productivo, ambiental o social en los bienes provinciales.

Todos los inmuebles bajo su órbita también podrán ser entregados –no se aclaran los requisitos– para “distintas actividades” de forma “gratuita o a título oneroso”.

El punto quinto de la ley le da la potestad a la Aabiper de celebrar contratos civiles o comerciales sobre estos inmuebles, e incluso otorgarlos en custodia.

Las herencias vacantes serán detectadas por la entidad, que podrá incorporar esos bienes al patrimonio estatal.

También podrá solicitar a la Justicia y al Poder Legislativo que se habiliten expropiaciones.
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Un control “más estricto”

Los inmuebles afectados a servicios esenciales como escuelas, hospitales, comisarías o instalaciones portuarias no estarán bajo el control de la Aabiper. Pero todos los bienes que carezcan de un uso definido o estén ociosos pasarán a ser gestionados por esta agencia, que podrá administrarlos con criterios de “utilidad, eficiencia y sostenibilidad”.

Además de su rol operativo, la Aabiper tendrá facultades para generar convenios con otras jurisdicciones, impulsar proyectos urbanísticos o económicos, y gestionar ventas mediante subastas públicas.

Una de las disposiciones que más atención generó durante el debate en la Cámara Baja entrerriana es la del artículo 16. A pesar del rechazo de la oposición, la norma salió aprobada de Diputados con ese punto, que exceptúa a esta nueva agencia del cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Contabilidad Pública (5.140).

¿De qué se trata? Ese artículo exige autorización legislativa para la venta de inmuebles del Estado. Con esta excepción, la Aabiper podrá concretar operaciones sin pasar por la Legislatura, siempre que lo haga.
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Sospechas de poder

Desde el oficialismo remarcan que el objetivo no es convertir al Estado en una “inmobiliaria”, sino optimizar el uso del patrimonio para reducir gastos y mejorar servicios.

“Durante décadas se han mal administrado los bienes inmuebles, hubo ocupaciones ilegales y reparticiones que alquilan cuando hay propiedades ociosas. Este proyecto concentra la administración en un solo organismo con autarquía”, sostuvo el diputado Marcelo López, del bloque Juntos por Entre Ríos, cuando se aprobó en ese recinto. Pero no todos lo ven de la misma forma.

En ese mismo debate, el peronismo compartió que la provincia tiene una “dispersión normativa y superposición de funciones”, pero se mostró muy en contra de crear un “mega organismo con mega funciones sin contralor del Estado”. Algunos sectores libertarios acompañaron este reclamo, al entender que “se eliminan facultades de la Legislatura”.

La dependencia directa de la Secretaría General de la Gobernación genera inquietud: el funcionario que conduzca la Aabiper tendrá rango de secretario general, será designado por el gobernador y manejará el poder total de la agencia, mientras que el vicepresidente, también nombrado por el mandatario, recibirá las delegaciones que el titular crea convenientes.

Para algunos sectores, la llave y las escrituras de los bienes estatales quedará en manos del entorno más próximo a Frigerio.

Además, la amplitud de funciones asignadas y la posibilidad de realizar ventas sin control legislativo alimentaron las dudas sobre el nivel de transparencia que podría garantizarse. Por eso, una de las propuestas sería la creación de un veedor del organismo, establecido por la oposición.
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Debate en el Senado

Hoy, la Comisión de Legislación General del Senado se reunirá para abordar el expediente 27.154, que contiene el proyecto de ley por el que se crea la Aabiper.

Aunque el tema no haya ganado calle como sí ocurrió con el futuro del Iosper, la eventual aprobación marcará un cambio en la manera en que el Estado entrerriano –o mejor dicho, quien sea designado por el Ejecutivo de turno– gestione y disponga de los bienes.