PEDIDO DE INFORMES
Diputados quieren saber si Frigerio pautó con Cerimedo
La diputada Lorena Arrozogaray, junto a su par peronista Yari Seyler, presentaron un pedido de informes para que el Gobierno provincial les diga si estableció algún tipo de relación comercial publicitaria con Madero Media Group, la empresa del libertario Fernando Cerimedo.
25.08.2026 | 18:51
Diputados entrerrianos del justicialismo impulsaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo determine si la Provincia mantuvo vínculos contractuales, comerciales, publicitarios o de cualquier otra naturaleza con Madero Media Group, empresa vinculada al consultor Fernando Cerimedo. La iniciativa tomaría estado parlamentario este miércoles.
El proyecto lleva la firma de la diputada Lorena Arrozogaray, como autora, y de Yari Seyler, Mariel Avila, Andrea Zoff y Silvia Moreno, como coautores. Enmarcado en el artículo 117 de la Constitución provincial, requiere a la Administración Pública y sus organismos descentralizados información sobre eventuales relaciones con la empresa desde el 10 de diciembre de 2023.
En caso de que hayan existido contrataciones, los legisladores reclaman conocer qué organismo provincial intervino, el objeto, la motivación, la causa, el monto y la fecha de cada operación. También solicitan precisar los bienes o servicios adquiridos y la identidad, cargo y función de los funcionarios que participaron de la autorización y ejecución de las contrataciones.
El pedido incluye además que el Ejecutivo explique qué mecanismos de control y transparencia se aplican actualmente en la relación entre el Estado provincial y Madero Media Group. A su vez, requiere que se detalle desde qué fecha la empresa es proveedora de pauta publicitaria oficial y cuáles fueron los procedimientos utilizados para esas contrataciones.
En los fundamentos, Arrozogaray sostuvo que es necesario contar con información "precisa, completa y verificable" sobre eventuales vínculos entre la administración provincial y la empresa. La legisladora remarcó que el uso de recursos públicos para contratar bienes, servicios, publicidad, comunicación o asesoramiento debe estar sujeto a criterios de transparencia, publicidad, eficiencia, razonabilidad y control.
La legisladora también señaló que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de ejercer el control sobre los actos de gobierno. En ese sentido, consideró que conocer los organismos intervinientes, los montos comprometidos, las prestaciones contratadas y los funcionarios responsables permitirá fortalecer el control legislativo y el acceso ciudadano a información sobre el destino de los recursos públicos.
El pedido se presenta mientras Cerimedo permanece detenido en Bolivia, donde la Justicia dispuso prisión preventiva en el marco de una investigación por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual del ataque armado que sufrió la mujer, aunque la investigación continúa y su defensa niega las acusaciones.
El proyecto lleva la firma de la diputada Lorena Arrozogaray, como autora, y de Yari Seyler, Mariel Avila, Andrea Zoff y Silvia Moreno, como coautores. Enmarcado en el artículo 117 de la Constitución provincial, requiere a la Administración Pública y sus organismos descentralizados información sobre eventuales relaciones con la empresa desde el 10 de diciembre de 2023.
En caso de que hayan existido contrataciones, los legisladores reclaman conocer qué organismo provincial intervino, el objeto, la motivación, la causa, el monto y la fecha de cada operación. También solicitan precisar los bienes o servicios adquiridos y la identidad, cargo y función de los funcionarios que participaron de la autorización y ejecución de las contrataciones.
El pedido incluye además que el Ejecutivo explique qué mecanismos de control y transparencia se aplican actualmente en la relación entre el Estado provincial y Madero Media Group. A su vez, requiere que se detalle desde qué fecha la empresa es proveedora de pauta publicitaria oficial y cuáles fueron los procedimientos utilizados para esas contrataciones.
En los fundamentos, Arrozogaray sostuvo que es necesario contar con información "precisa, completa y verificable" sobre eventuales vínculos entre la administración provincial y la empresa. La legisladora remarcó que el uso de recursos públicos para contratar bienes, servicios, publicidad, comunicación o asesoramiento debe estar sujeto a criterios de transparencia, publicidad, eficiencia, razonabilidad y control.
La legisladora también señaló que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de ejercer el control sobre los actos de gobierno. En ese sentido, consideró que conocer los organismos intervinientes, los montos comprometidos, las prestaciones contratadas y los funcionarios responsables permitirá fortalecer el control legislativo y el acceso ciudadano a información sobre el destino de los recursos públicos.
El pedido se presenta mientras Cerimedo permanece detenido en Bolivia, donde la Justicia dispuso prisión preventiva en el marco de una investigación por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía lo investiga como presunto autor intelectual del ataque armado que sufrió la mujer, aunque la investigación continúa y su defensa niega las acusaciones.
