Investigación interna del organismo
ATER: Constatan que desaparecieron otros 20 millones entre 2008 y 2011
Los coletazos en torno a la defraudación millonaria en la ATER continúan. Fuentes del oficialismo indicaron que una nueva investigación interna, de entre 2011 y 2008, detectó que por lo menos desaparecieron otros 20 millones de pesos más, que se suman a los 18 millones ya informados.
23.06.2014 | 09:03
Pese al esfuerzo del gobierno entrerriano por bajarle el perfil al grave fraude cometido en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), la información en torno al más grave caso de la última década –que ya no aparece en los diarios- sigue apareciendo.
Según pudo determinar una nueva investigación interna en los archivos del organismo, de entre 2011 y 2008, por lo menos desaparecieron otros 20 millones de pesos más, que se suman a los 18 millones ya informados y que constan en la denuncia judicial ante la jueza Marina Barbagelata y que encara la fiscal Laura Cattáneo. Al parecer, las empresas involucradas serían la mayoría de las que aparecen en el lote de 65 firmas.
Si bien el flamante presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, dispuso la creación y formación de un grupo especial de auditores, que fue anunciado oficialmente, los técnicos de ATER siguieron investigando lo sucedido entre enero de 2012 y enero de 2008, por orden expresa del titular del organismo, Marcelo Casaretto.
Si bien no fue sorpresa la aparición de otros 20 millones de pesos “desaparecidos” como “compensaciones de deudas”, lo que agrava la estafa, se tiene claro que el mecanismo se venía adoptando varios años anteriores y no solamente desde el inicio del primer gobierno de Sergio Urribarri.
En enero de 2008, al frente de la entonces Dirección General de Rentas quedó Guillermo Linesky y como director de Interior asumió Darío Barreto, el contador público oriundo de San Salvador y uno de los hombres al que se apunta como supuestamente conocedor de los hechos en cuestión. Siempre resultó extraño por qué en la lista de empresas que hicieron fraguar sus registros de deudas en ATER, una de las ciudades más “beneficiadas” resultó ser, justamente, San Salvador: un total de 11 firmas.
Es decir, casi el 20 por ciento del total de la nómina. Barreto hace años está de licencia en el organismo, porque presta funciones en el municipio de su localidad. Fue quien de alguna manera ideo buena parte del sistema, cuando llegó de la mano de Oscar Mori (quien asumió como director de Rentas a mediados de 1990, en el primer gobierno de Jorge Busti) y avalado por el entonces diputado provincial Hugo Berthet (PJ).
En el oficialismo no dudan en la necesidad de llegar hasta por lo menos enero de 2004. O sea, a escasas semanas de asumido Jorge Busti como gobernador, en su tercer mandato, iniciado el 11 de diciembre de 2003 y en la que Urribarri llegó a ministro de Gobierno y Diego Valiero a Economía.
Los investigadores entienden que el desfalco, por lo menos, habría empezado a comienzos de tal gestión y por ello fue que Smaldone, el titular del Tribunal de Cuentas, ordenó que la pesquisa arranque en ese mes y ese año. Lo saliente de todo esto es que Busti y Valiero designaron, en enero de 2004, a Aurelio Miraglio al frente de la desaparecida DGR. O sea, el mismo funcionario que en la actualidad está al frente de la Contaduría General de la provincia y quien define las imputaciones de las compensaciones de pago a las empresas que lo solicitan, al inicio del expediente en ATER.
“Entendemos que el fraude puede ser el doble de lo que se ha detectado hasta ahora y queremos saber si aparecen otras empresas, además de las que ya tenemos detectadas como infieles”, indicó una fuente cercana a la investigación. Lo que nadie tiene claro aún es si la profundización no traerá otras renuncias (como la sucedida con el ahora ex Tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria, quien se vio vinculado a una de las firmas beneficiadas), porque está visto que algunos hombres de Economía del gobierno no habrían desconocido estas maniobras y quizás miraron demasiado para otro lado.
Según pudo determinar una nueva investigación interna en los archivos del organismo, de entre 2011 y 2008, por lo menos desaparecieron otros 20 millones de pesos más, que se suman a los 18 millones ya informados y que constan en la denuncia judicial ante la jueza Marina Barbagelata y que encara la fiscal Laura Cattáneo. Al parecer, las empresas involucradas serían la mayoría de las que aparecen en el lote de 65 firmas.
Si bien el flamante presidente del Tribunal de Cuentas, Guillermo Smaldone, dispuso la creación y formación de un grupo especial de auditores, que fue anunciado oficialmente, los técnicos de ATER siguieron investigando lo sucedido entre enero de 2012 y enero de 2008, por orden expresa del titular del organismo, Marcelo Casaretto.
Si bien no fue sorpresa la aparición de otros 20 millones de pesos “desaparecidos” como “compensaciones de deudas”, lo que agrava la estafa, se tiene claro que el mecanismo se venía adoptando varios años anteriores y no solamente desde el inicio del primer gobierno de Sergio Urribarri.
En enero de 2008, al frente de la entonces Dirección General de Rentas quedó Guillermo Linesky y como director de Interior asumió Darío Barreto, el contador público oriundo de San Salvador y uno de los hombres al que se apunta como supuestamente conocedor de los hechos en cuestión. Siempre resultó extraño por qué en la lista de empresas que hicieron fraguar sus registros de deudas en ATER, una de las ciudades más “beneficiadas” resultó ser, justamente, San Salvador: un total de 11 firmas.
Es decir, casi el 20 por ciento del total de la nómina. Barreto hace años está de licencia en el organismo, porque presta funciones en el municipio de su localidad. Fue quien de alguna manera ideo buena parte del sistema, cuando llegó de la mano de Oscar Mori (quien asumió como director de Rentas a mediados de 1990, en el primer gobierno de Jorge Busti) y avalado por el entonces diputado provincial Hugo Berthet (PJ).
En el oficialismo no dudan en la necesidad de llegar hasta por lo menos enero de 2004. O sea, a escasas semanas de asumido Jorge Busti como gobernador, en su tercer mandato, iniciado el 11 de diciembre de 2003 y en la que Urribarri llegó a ministro de Gobierno y Diego Valiero a Economía.
Los investigadores entienden que el desfalco, por lo menos, habría empezado a comienzos de tal gestión y por ello fue que Smaldone, el titular del Tribunal de Cuentas, ordenó que la pesquisa arranque en ese mes y ese año. Lo saliente de todo esto es que Busti y Valiero designaron, en enero de 2004, a Aurelio Miraglio al frente de la desaparecida DGR. O sea, el mismo funcionario que en la actualidad está al frente de la Contaduría General de la provincia y quien define las imputaciones de las compensaciones de pago a las empresas que lo solicitan, al inicio del expediente en ATER.
“Entendemos que el fraude puede ser el doble de lo que se ha detectado hasta ahora y queremos saber si aparecen otras empresas, además de las que ya tenemos detectadas como infieles”, indicó una fuente cercana a la investigación. Lo que nadie tiene claro aún es si la profundización no traerá otras renuncias (como la sucedida con el ahora ex Tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria, quien se vio vinculado a una de las firmas beneficiadas), porque está visto que algunos hombres de Economía del gobierno no habrían desconocido estas maniobras y quizás miraron demasiado para otro lado.
Fuente: Análisis Digital
